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Juan José Rodríguez Prats

Siendo candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional en 1994, mi madre y mi hermana repartían un tríptico para promover el voto a mi favor. Un ciudadano recibió el folleto y de inmediato preguntó: “¿Dónde está la gorra?, ¿dónde está la camiseta?, ¿dónde está la despensa?” Mi hermana respondió: “Nosotros no obsequiamos eso”. La respuesta fue contundente: “Pues van a perder”. En el Estado de Chiapas una señora, interrogada sobre el sentido de su voto al salir de la urna, reveló el nombre del candidato por el cual había votado. Al preguntarle el periodista la razón que la llevó a tomar esa decisión, respondió que le habían dado $200.00 a cambio de su voto. Ante la sorpresa del periodista, ella exclamó con toda naturalidad: “Que de algo sirva mi voto”.
Enrique Krauze, hace muchos años, hablaba de la democracia sin adjetivos. Pero al analizar libros, artículos o propuestas, cada vez se arraiga más la obsesión de adjetivarla. Así, se habla de la democracia insustituible (Alonso Lujambio), la democracia integral (Eduardo Ibáñez), la democracia paralizada (Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda), la democracia vulnerada (Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif), la democracia utópica (Sergio Zermeño). Platicando con un amigo sobre cómo el discurso para atraer el voto se restringe a ofrecerle al ciudadano todo sin reparar en deberes y obligaciones, le decía que tenemos una democracia prostituida. Él, de inmediato, como buen tabasqueño, me respondió que ese verbo le parecía muy elegante porque, en realidad, hemos llegado a una democracia emputecida.
El problema arranca con una pésima legislación y una inmensa estructura burocrática que organiza y regula las elecciones. El derecho electoral en México no ha tenido claro cuál es el valor a proteger que, en este caso, es el de la voluntad ciudadana, el de la soberanía popular. Cada vez que ha habido reformas electorales, que prácticamente son sexenales, se ha protegido a los partidos políticos. En lugar de presumir la buena fe, que es tarea previa del legislador, se presume lo contrario y, por lo tanto, emergen propuestas casuísticas que han hecho del derecho electoral una madeja confusa cuando debería ser una serie de normas sencillas y accesibles al ciudadano. Se cree que los órganos, para ser confiables, tienen que ser colegiados y eso nos ha llevado a un enorme aparato electoral que inclusive tiene dos estructuras paralelas haciendo exactamente lo mismo: las estructuras estatales subordinadas a los ejecutivos locales y la estructura federal limitada a hacer elecciones cada tres años con una burocracia y partidas presupuestales permanentes. Cuando al hacer una ley no se tiene preciso el fin que se busca, como es el caso, esa ley resulta ineficaz o, lo que es peor, produce efectos totalmente contrarios a los principios del orden jurídico.
Alguien me platicaba que en una visita en Bonn, Alemania, le mostraron las oficinas del órgano electoral. Para su sorpresa, resultó ser una casa muy modesta en la que había tres empleados encargados de actualizar el padrón. Cuando fueron interrogados sobre quiénes hacían las elecciones y cómo se organizaban éstas, ellos respondieron con naturalidad: en cada proceso los ciudadanos las realizan: instalan las casillas, la ciudadanía vota, se cuentan los votos, se emiten los resultados, que todos acatan. Al final de la jornada, regresan a su casa, conscientes de haber cumplido con sus deberes cívicos.
Nuestro derecho electoral ha sido producto de negociaciones en las que el PRI buscaba preservar sus privilegios de partido hegemónico y la oposición buscaba arrebatarle las posibilidades de auténtica participación ciudadana. Eso nos llevó a un derecho que, como bien lo expresa el refrán popular, “El que hace la ley hace la trampa”.
Desde que estudié la carrera de Derecho, siempre creí que la voz moral, como bien lo indicaba el filósofo Kant, es autónoma y que resulta mucho más eficaz que la norma jurídica que es heterónoma y coercitiva.
El problema de la democracia es cultura política, exige el respeto de valores fundamentales, como la aplicación de la ley, el respeto a la verdad, la tolerancia. Pero, de manera especial, la imparcialidad de los órganos del poder, la confianza en la capacidad del ciudadano y el respeto a su dignidad. No es reprobable que una gente en un cargo público apoye a un candidato en campaña pero sí lo es canalizar recursos públicos, distorsionar la política social, subordinar los órganos electorales, frenar a los medios de comunicación, reprimir a los partidos opositores y amedrentar a quienes no coinciden en el apoyo al candidato del partido en el gobierno. Sobre todo, si todo ello va acompañado de una brutal propaganda, manifiesta o subliminal, para inducir la preferencia del voto. Un partido que no pone la preeminencia del interés nacional por encima del interés partidista deviene partido faccioso y eso es lo que tenemos en muchas entidades de la república.
La democracia es el sistema político de la ética. Por eso, tenemos que insistir en deberes porque el deber es la expresión más solidaria del ser humano. Ahí está la conciencia superior que nos induce a asumir tareas. Ahí está la obligación sublime del ser humano con los demás. Sin eso, podremos seguir empecinados en querer hacer todo a través de leyes. En cada legislatura felicitarnos unos a otros porque seguimos perfeccionando el derecho electoral y sus instituciones pero los resultados seguirán siendo los mismos.
Es demasiado iluso haber creído que arribar a la democracia iba a ser de una vez y para siempre. La democracia es un largo proceso, es brega de eternidad. Siempre será perfectible y siempre requerirá de todos el acatamiento elemental de nuestros deberes cívicos, sobre todo de nuestros gobernantes, de nuestra clase política, porque ahí debe radicar el auténtico liderazgo.

Juan José Rodríguez Prats

A Adriana González Carrillo y a Rubén Camarillo, con mi solidaridad por su lucha en defensa de los derechos humanos.

Siempre es un deleite y un aprendizaje leer a Borges, quien sacude conciencias cuando expresa: “Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”. Esta idea también se puede aplicar a las instituciones políticas. El Partido Acción Nacional, desde su origen, ha sido denodado defensor de la persona frente al Estado. A diferencia de Vicente Lombardo Toledano, compañero y miembro del grupo de “Los siete sabios”, que veía en el Estado las soluciones fundamentales, Manuel Gómez Morin desconfiaba del aparato público. Catedrático de Teoría del Estado, estudioso de los filósofos griegos, siempre se preocupó y ocupó de los esquemas para intentar frenar los abusos del poder y en defensa del ciudadano. Por eso en el núcleo de la doctrina panista se encuentra el respeto a la dignidad de la persona humana.
La dignidad designa el grado o calidad que constituye digno; es una condición del sujeto que lo hace acreedor a algo. En otras palabras y en una definición muy escueta, tener dignidad significa tener derecho a tener derechos. Si se afecta esa mínima esfera jurídica del hombre –constituida por sus libertades básicas y sus derechos civiles y políticos–, se está atentando contra su dignidad. No hay para dónde hacerse. Cuando un Estado atropella a un ser humano en sus derechos elementales, el PAN debe ser solidario con esa víctima del abuso del poder; sus principios lo impelen a ello. Concretamente, no se puede ocultar la violación de los derechos humanos de la dictadura castrista. Basta escuchar las declaraciones de Guillermo Fariñas para percibir que se trata de un hombre de cierto nivel educativo, con convicciones, que decide asumir la más extrema medida en solidaridad con sus 26 compañeros, presos políticos, que se encuentran en malas condiciones de salud.
Acción Nacional presume –y me parece que con sustento– de tener identidad. Esto se puede constatar a lo largo de su historia por los principios que ha sustentado. Sin embargo, el momento de la verdad al que se refiere Borges le llega al PAN al asumir el poder. Por ello, me parece absolutamente panista la actitud de los senadores para hacer un exhorto a la hermana República de Cuba para que “abran canales de diálogo político y concedan la libertad a quienes se encuentran privados de ella en razón de sus ideas”. No hay en este llamado ninguna ofensa ni atropello a la soberanía. Duele que por un senador panista se haya perdido la votación. Duele por su trayectoria y porque convivió con muchos de los fundadores del PAN. Duele por su justificación con el argumento simplista de que la propuesta era “una bobada”. Con ese tipo de actitudes se olvida una viejísima lucha de abnegación y de perseverancia desarrollada en más de 70 años de vida política.
Al PAN le ha ido mal cuando se ha alejado de sus principios. Desde el arranque del gobierno del presidente Fox hizo falta un ejercicio de reflexión sobre las directrices que debían orientar al PAN en el poder y en las cuales no se podía ceder. No era un ejercicio de imaginación, sino de memoria, de repaso histórico y de lealtad a las propuestas de los fundadores. ¿Qué acaso las ideas panistas sólo sirven para criticar al poder pero no para ejercerlo? ¿Qué acaso no hay la convicción firme de que esos principios siguen siendo válidos para gobernar? Traigo a la memoria la frase de Tolstoi: “Es injusto pensar que el ideal de la perfección en el infinito no puede servirnos de guía y que debemos abandonarlo o rebajarlo al nivel de nuestra flaqueza. Ese razonamiento es parecido al de un navegante que, al no poder seguir la dirección indicada por la brújula, la arrojase por la borda diciendo que no le sirve para nada”.
La mínima obligación del PAN al llegar al poder debió consistir y consiste en distinguirse de la forma en que se ha hecho política. Ahí está la fuente de su legitimidad y el estímulo de la esperanza. Su doctrina se sustenta en los pilares básicos de la cultura occidental: la filosofía griega, el derecho romano y la religión judeocristiana. La idea de la dignidad ha sido la fuente más fecunda del pensamiento político. De ahí, de una u otra forma, se desprenden todas las expresiones en defensa de los derechos humanos. Desde la esfera mínima de las libertades, hasta los derechos sociales, que consisten en brindar al ser humano las condiciones básicas para alcanzar el bien común.
Las turbulencias y tribulaciones que agitan hoy el escenario político nacional solamente pueden ser apaciguadas con una política de principios y el PAN los tiene. Por elemental congruencia, con todo y sus consecuencias, debe sostenerlos en cada uno de los asuntos de la agenda nacional.
Retomando el pensamiento de Borges, ahora transcribimos una idea de quien yo considero un gran líder del siglo XXI, Barack Obama: “Muy de vez en cuando, viene un momento en que tenemos la oportunidad de reivindicar las mejores esperanzas que tenemos sobre nosotros mismos… no estamos destinados a ganar, pero estamos destinados a serle fiel a nuestros principios. No estamos destinados para el éxito pero estamos destinados a dejar resplandecer la luz que llevamos dentro”.