Juan José Rodríguez Prats
Siendo candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional en 1994, mi madre y mi hermana repartían un tríptico para promover el voto a mi favor. Un ciudadano recibió el folleto y de inmediato preguntó: “¿Dónde está la gorra?, ¿dónde está la camiseta?, ¿dónde está la despensa?” Mi hermana respondió: “Nosotros no obsequiamos eso”. La respuesta fue contundente: “Pues van a perder”. En el Estado de Chiapas una señora, interrogada sobre el sentido de su voto al salir de la urna, reveló el nombre del candidato por el cual había votado. Al preguntarle el periodista la razón que la llevó a tomar esa decisión, respondió que le habían dado $200.00 a cambio de su voto. Ante la sorpresa del periodista, ella exclamó con toda naturalidad: “Que de algo sirva mi voto”.
Enrique Krauze, hace muchos años, hablaba de la democracia sin adjetivos. Pero al analizar libros, artículos o propuestas, cada vez se arraiga más la obsesión de adjetivarla. Así, se habla de la democracia insustituible (Alonso Lujambio), la democracia integral (Eduardo Ibáñez), la democracia paralizada (Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda), la democracia vulnerada (Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif), la democracia utópica (Sergio Zermeño). Platicando con un amigo sobre cómo el discurso para atraer el voto se restringe a ofrecerle al ciudadano todo sin reparar en deberes y obligaciones, le decía que tenemos una democracia prostituida. Él, de inmediato, como buen tabasqueño, me respondió que ese verbo le parecía muy elegante porque, en realidad, hemos llegado a una democracia emputecida.
El problema arranca con una pésima legislación y una inmensa estructura burocrática que organiza y regula las elecciones. El derecho electoral en México no ha tenido claro cuál es el valor a proteger que, en este caso, es el de la voluntad ciudadana, el de la soberanía popular. Cada vez que ha habido reformas electorales, que prácticamente son sexenales, se ha protegido a los partidos políticos. En lugar de presumir la buena fe, que es tarea previa del legislador, se presume lo contrario y, por lo tanto, emergen propuestas casuísticas que han hecho del derecho electoral una madeja confusa cuando debería ser una serie de normas sencillas y accesibles al ciudadano. Se cree que los órganos, para ser confiables, tienen que ser colegiados y eso nos ha llevado a un enorme aparato electoral que inclusive tiene dos estructuras paralelas haciendo exactamente lo mismo: las estructuras estatales subordinadas a los ejecutivos locales y la estructura federal limitada a hacer elecciones cada tres años con una burocracia y partidas presupuestales permanentes. Cuando al hacer una ley no se tiene preciso el fin que se busca, como es el caso, esa ley resulta ineficaz o, lo que es peor, produce efectos totalmente contrarios a los principios del orden jurídico.
Alguien me platicaba que en una visita en Bonn, Alemania, le mostraron las oficinas del órgano electoral. Para su sorpresa, resultó ser una casa muy modesta en la que había tres empleados encargados de actualizar el padrón. Cuando fueron interrogados sobre quiénes hacían las elecciones y cómo se organizaban éstas, ellos respondieron con naturalidad: en cada proceso los ciudadanos las realizan: instalan las casillas, la ciudadanía vota, se cuentan los votos, se emiten los resultados, que todos acatan. Al final de la jornada, regresan a su casa, conscientes de haber cumplido con sus deberes cívicos.
Nuestro derecho electoral ha sido producto de negociaciones en las que el PRI buscaba preservar sus privilegios de partido hegemónico y la oposición buscaba arrebatarle las posibilidades de auténtica participación ciudadana. Eso nos llevó a un derecho que, como bien lo expresa el refrán popular, “El que hace la ley hace la trampa”.
Desde que estudié la carrera de Derecho, siempre creí que la voz moral, como bien lo indicaba el filósofo Kant, es autónoma y que resulta mucho más eficaz que la norma jurídica que es heterónoma y coercitiva.
El problema de la democracia es cultura política, exige el respeto de valores fundamentales, como la aplicación de la ley, el respeto a la verdad, la tolerancia. Pero, de manera especial, la imparcialidad de los órganos del poder, la confianza en la capacidad del ciudadano y el respeto a su dignidad. No es reprobable que una gente en un cargo público apoye a un candidato en campaña pero sí lo es canalizar recursos públicos, distorsionar la política social, subordinar los órganos electorales, frenar a los medios de comunicación, reprimir a los partidos opositores y amedrentar a quienes no coinciden en el apoyo al candidato del partido en el gobierno. Sobre todo, si todo ello va acompañado de una brutal propaganda, manifiesta o subliminal, para inducir la preferencia del voto. Un partido que no pone la preeminencia del interés nacional por encima del interés partidista deviene partido faccioso y eso es lo que tenemos en muchas entidades de la república.
La democracia es el sistema político de la ética. Por eso, tenemos que insistir en deberes porque el deber es la expresión más solidaria del ser humano. Ahí está la conciencia superior que nos induce a asumir tareas. Ahí está la obligación sublime del ser humano con los demás. Sin eso, podremos seguir empecinados en querer hacer todo a través de leyes. En cada legislatura felicitarnos unos a otros porque seguimos perfeccionando el derecho electoral y sus instituciones pero los resultados seguirán siendo los mismos.
Es demasiado iluso haber creído que arribar a la democracia iba a ser de una vez y para siempre. La democracia es un largo proceso, es brega de eternidad. Siempre será perfectible y siempre requerirá de todos el acatamiento elemental de nuestros deberes cívicos, sobre todo de nuestros gobernantes, de nuestra clase política, porque ahí debe radicar el auténtico liderazgo.
